El jueves 13 de noviembre se llevó a cabo en la Audiencia Nacional una vista oral en la que, entre otras declaraciones, el miembro de GRAPO, Fernando Silva Sande acusaba a Manuel Pérez, Camarada Arenas, de ser la autoridad indiscutible de la banda y afirma que en los GRAPO no se hace nada sin la autorización de él.
“Los GRAPO ejecutan lo que les ordena el partido y el secretario general es la autoridad máxima, siempre ha sido así” señaló Silva Sande antes de mostrarse convencido de que ninguna acción de la organización terrorista se hace sin que el Camarada Arenas lo autorice. “Una organización comunista funciona siempre así” explicó.
El Camarada Arenas es el secretario general desde 1975 del PCE reconstituido, se encuentra actualmente en prisión y ha declarado en varias ocasiones a la Audiencia Nacional que los GRAPO y el PCE reconstituido son independientes entre si.
En virtud de la Ley de Partidos de 2002, los tribunales suspendieron la actividad del PCE reconstituido en abril de 2003, al considerar que este constituía junto con los GRAPO, una sola estructura terrorista.
Las anteriores declaraciones fueron algunas de las que hizo el acusado cuando era juzgado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal por el intento de asalto a la Delegación del Banco de España de Santiago de Compostela que costó la vida el 10 de marzo de 1989 a dos agentes de la Guardia Civil, y con el que aseguró no tener ninguna relación porque en el momento de los hechos se encontraba en Francia.
Silva Sande es miembro de la banda desde 1975 y fue máximo responsable de la organización armada en el terreno militar. Tras ser detenido y cumplir condena varias veces, en 1992 se fugó de la prisión de Granada, fue detenido en París en noviembre de 2000.
Tras la declaración del terrorista de no encontrarse en España en la fecha del robo, también desconocía si el asesinato de los dos agentes que custodiaban la delegación bancaria fue reivindicada por los GRAPO o quién dio las instrucciones para ello.
En la vista han comparecido también, como testigos, otros tres miembros de la banda terrorista que ya fueron condenados por estos hechos -María Jesús Romero, Laureano Ortega Ortega y Guillermo Vázquez Bautista-, quienes no han querido responder a las preguntas de la Fiscalía, el último, alegando no recordar nada. Todos han coincidido en que fueron torturados y sometidos a malos tratos.
Según el fiscal, durante el juicio ha quedado demostrado que Silva Sande disparó, junto con Vázquez Bautista, contra los agentes después de que los terroristas se dirigieran el 10 de marzo de 1989 a la oficina del Banco de España de Santiago de Compostela con el fin de cometer un atraco, para recaudar fondos para la banda.
El representante del Ministerio Público ha recordado, en este sentido, la declaración policial que realizó Guillermo Vázquez Bautista y ha explicado que las armas con las que se efectuaron los disparos fueron encontradas en un piso de la calle Campuzano de Madrid en 1990.
Tras las declaraciones de los participantes antes nombrados, declaró un trabajador del banco que aseguró durante el juicio haber reconocido a los autores del asalto cuando los vio en los periódicos. También declararon varios policías, encargados de inspeccionar el piso de la Calle Campuzano en Madrid, en esas declaraciones afirman que las huellas de las armas encontradas, al igual que otros objetos también requisados, no fueron analizadas.
La letrada de la defensa ha recordado la declaración de los peritos diciendo que no existe un informe que revele la identidad de las huellas encontradas en el piso de Madrid y que acredite que Silva Sande viviera allí, que las armas carecían de ellas y que ninguno de los testigos presenciales le ha reconocido como autor de los hechos.
El fiscal, Vicente González Mota, pide 30 años de cárcel para Silva Sande por delito de robo con homicidio y otros 30 por atentado de muerte.
El Ministerio Público solicita también que el acusado indemnice a los herederos de cada agente asesinado, Constantino Limia de 52 años, casado y con tres hijos, y Pedro Cabezas de 47 años, casado y con dos hijos, con 300.000 euros y prohíbe que se acerque en cinco años al lugar donde estos residen.
Por su parte, la defensa de Silva Sande ha solicitado al tribunal su absolución al considerar que su participación en los hechos no ha sido acreditada durante la vista ni por las declaraciones de los testigos ni por las pruebas periciales.
Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, este es uno de los reportajes de investigación que he hecho este año. Espero críticas 
